El Tribunal Supremo admite el recurso por la revisión de precios del contrato de semáforos de Jerez
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación planteado por la concesionaria del mantenimiento de los semáforos y la señalización vertical de Jerez, que reclama al Ayuntamiento una revisión de precios por los servicios prestados entre 2019 y 2021. El alto tribunal tendrá así la última palabra en un litigio contencioso-administrativo que, hasta ahora, se ha saldado con dos pronunciamientos favorables al Consistorio.
La controversia arranca en 2022, cuando la empresa presentó facturas por unos 194.000 euros correspondientes a esa revisión de precios. La particularidad del caso es que el contrato estaba vencido desde 2015, pero la compañía seguía prestando el servicio porque el Ayuntamiento había invocado una «causa ineludible de interés público» para mantener la continuidad.
Tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez, en primera instancia, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en apelación, rechazaron la pretensión: al estar extinguido el contrato, entendieron que las cláusulas pactadas —incluida la de revisión de precios— habían dejado de tener validez. El TSJA añadió un motivo procesal: al no superar cada factura los 30.000 euros y no poder agruparse su importe, la cuantía quedaba por debajo del umbral que le permite pronunciarse conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Supremo deberá ahora resolver dos cuestiones. La primera, de carácter procesal, es si en supuestos como este debe atenderse al importe total de las facturas —al existir una «unidad de causa»— o si procede desglosarlas mes a mes, como sostiene el TSJA. La segunda entra en el fondo: si cabe reconocer una revisión de precios en un contrato ya extinguido cuyos servicios se siguen prestando por la «continuidad impuesta» por la Administración municipal.
El asunto tiene interés para cualquier profesional que trabaje la contratación pública y el Derecho administrativo en la plaza, porque la eventual doctrina del Supremo afectará a la posición de las concesionarias que continúan prestando servicios más allá de la vigencia formal de sus contratos. La actual adjudicataria mantiene la gestión tras la licitación resuelta en 2022, prorrogada un año más hasta julio de 2027, mientras el Ayuntamiento prepara ya el nuevo concurso.
Fuente: Diario de Jerez.
